El sector público es una pieza clave para impulsar las iniciativas de sostenibilidad, tanto como ente regulador o legislativo, gestor de empresas o como comprador y prestador de servicios.
El primer rol del sector público es como ente regulador o legislativo a través de su facultad de emitir leyes, reglamentos y otras normas, así como garantizar la gestión eficiente y efectiva de los recursos de la sociedad, al proporcionar los servicios que le competen como salud, educación, infraestructuras, servicios públicos, etc. interponiendo el bienestar de los ciudadanos en la gestión de los recursos.
Pero a su vez el estado es el agente económico más poderoso, como gestor de empresas o como comprador y prestador de servicios, por lo que puede dar el ejemplo en su administración con la gestión del capital humano, los temas medio ambientales, así como la transparencia y rendición de cuentas, y debe fomentar practicas socialmente responsables a través de sus compras y contrataciones que contengan criterios de selección, además de promover la adopción de estos por parte de su cadena de suministro, proveedores o licitadores privados.
El sector público es uno de los principales empleadores del país y tiene una gran cantidad de instituciones autónomas con fines de lucro en las que se puede integrar la sostenibilidad en su administración, desarrollando iniciativas responsables y realizando buenas prácticas a favor de las personas y el planeta. Al igual que todas las organizaciones, el sector público tiene que integrar la sostenibilidad tanto en la dimensión interna como externa, y esto representa un gran reto.
El sector público no puede ser indiferente ante la sostenibilidad y el buen gobierno. La sostenibilidad en las instituciones públicas es la forma de gestión definida por una relación ética, cuidando el desarrollo sustentable, preservando los recursos ambientales, cívicos y culturales, y creando condiciones para el progreso, el mejoramiento de la calidad y el nivel de vida de los ciudadanos presentes y futuros.
El sector público puede y debe asumir un papel protagonista como líder y motor del desarrollo sostenible, promocionando prácticas responsables en el resto de las instituciones, tanto privadas como de la sociedad civil, desarrollando actividades de educación, conocimiento y sensibilización, otorgando incentivos para que las empresas inviertan en sostenibilidad o a través de un programa de alianza público-privada.
La incorporación de la sostenibilidad a los criterios de las instituciones públicas provoca una mejora en sus actuaciones, reflexionado su realidad actual, y sobre todo que pretenden alcanzar. Una institución pública responsable y transparente debe crear y ejecutar un plan de sostenibilidad igual que una empresa privada, direccionado por la norma ISO26000 y alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y con los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
